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Protección del recurso hídrico

Año: 2014

Informe de la auditoría que tuvo como objetivo determinar si los mecanismos implementados por el Estado para proteger el recurso hídrico en cantidad y calidad, se sustentan en principios de buena gobernanza y resultan suficientes para asegurar el equilibrio ambiental, así como, el bienestar económico y social de las actuales y futuras generaciones.

Año: 2003

Deber de coordinación entre las diversas dependencias públicas a fin de garantizar la protección del medio ambiente

El medio ambiente es una tarea que corresponde a todos por igual, es decir, que existe una obligación para el Estado –como un todo- de tomar las medidas necesarias para proteger el medio ambiente, a fin de evitar grados de contaminación, deforestación, extinción de flora y fauna, uso desmedido o inadecuado de los recursos naturales, que pongan el peligro la salud de los administrados. En esta tarea, por institución pública, debe entenderse comprendida tanto la Administración Central –Ministerios, como el Ministerio del Ambiente y Energía y el Ministerio de Salud, que en razón de la materia, tienen una amplia participación y responsabilidad en lo que respecta a la conservación y preservación del medio ambiente; los cuales actúan, la mayoría de las veces, a través de sus dependencias especializadas en la materia.

Año: 2003

Reconoce, como parte del Derecho de la Constitución, un derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida, al medio ambiente sano, a la alimentación y la vivienda digna.

Identifica una serie de instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos aplicables en Costa Rica que reconocen dicho derecho.

Señala que, de acuerdo con el marco normativo internacional vigente, el Estado está obligado a adoptar las medidas necesarias a fin de lograr, progresivamente y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de este tipo de derechos.

Aclara que cuando, razonablemente, el Estado deba brindar los servicios de los que depende el reconocimiento de estos derechos, los titulares de los mismos pueden exigirlos y la Administración Pública no puede escudarse en presuntas carencias de recursos para justificar el incumplimiento de su obligación

Año: 2004

Establece qué deberes deben cumplir y qué acciones deben ejecutar las distintas instituciones públicas vinculadas con la gestión del recurso hídrico para la protección de éste y el reconocimiento efectivo de esos derechos.

 Analiza los siguientes temas: 1)  Reconoce la relación existente entre el carácter de bien de dominio público de las aguas subterráneas, las áreas de recarga y los mantos acuíferos, así como su protección con el reconocimiento efectivo de los derechos a la vida, a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.  2) Tratándose a del uso de agua como bien demanial, corresponde las autoridades administrativas y estatales autorizar o denegar su utilización 3) Violación del derecho alegado por autorizar la Municipalidad recurrida construcción de urbanización cerca de mantos acuíferos para consumo humano. 4) Aguas subterráneas y superficiales, los mantos acuíferos y zonas de carga y descarga de aguas naturales. 5) Deber constitucional de preservar y conservar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado para las personas.

Año: 2012

La Matriz de criterios de uso del suelo según la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos para la protección del recurso hídrico en el cantón Poás es de aplicación obligatoria en todos los cantones o zonas en donde se cuente con mapas de vulnerabilidad aprobados o confeccionados por el SENARA.

En todo caso, debe servir de guía y orientación técnica para la elaboración de las políticas sobre el uso del suelo, mientras tales cantones o zonas no cuenten con una matriz propia elaborada por el SENARA con la participación de las otras instituciones que elaboraron la matriz, y que garantice el mismo o un nivel más elevado de protección del recurso hídrico. Se anula lo dispuesto en los oficios números GE-557-09 de 14 de julio de 2009 y GE-850-09 de 21 de setiembre de 2009 en el sentido que el SENARA está obligado a vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en las materias de su incumbencia, por lo que resulta válida y necesaria la emisión y divulgación de matrices de criterio de uso de suelo según la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos que contengan medidas de protección concretas y vinculantes. Asimismo, se anulan los acuerdos números 3401 bis de 17 de abril de 2007 y 3751 del 27 de mayo de 2009, emitidos por la Junta Directiva del SENARA, en el sentido que se debe permitir que sean del conocimiento público tanto los dictámenes técnicos avalados por la Administración Superior del SENARA como aquellos que no lo sean o no lo hayan sido aún, siempre que el órgano que entregue la información aclare al petente el carácter vinculante o no de la documentación suministrada.

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