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Moratorias municipales

Año: 2013

Sala Constitucional declara inconstitucional la moratoria municipal de  Guácimo.

 Se anula el acuerdo del Concejo Municipal de Pococí, Nº 448 de la sesión ordinaria número 19 de 12 de marzo de 2012, indicando que la Municipalidad de Pococí no autorizará licencias municipales, remociones de tierra, ni otorgará licencias constructivas para actividades relacionadas con siembra y expansión, industrialización, exportación, distribución y comercialización interna de piña en el cantón, sin perjuicio de las licencias otorgadas hasta antes de la promulgación de esta política

Temas analizados: 1) La declaración de cuáles son las circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a la Administración pública al dictado o emanación del acto administrativo es una exigencia del debido proceso y del derecho de defensa. 2) Principio de la interdicción de la arbitrariedad administrativa como una forma de contención de los poderes públicos y, en particular del ejercicio de sus potestades discrecionales.

La Sala argumenta que se constata una infracción evidente a la motivación razonable de toda actuación administrativa, como componente de los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa y manifestación específica del principio de interdicción de la arbitrariedad. En efecto, los estudios técnicos, parcialmente invocados, para dar sustento al acuerdo municipal, fueron elaborados en el año 2006, siendo que el acuerdo impugnado data del 2012 y de otra parte fueron enfocados para la cuenca media del río General-Térraba, no para el cantón de Pococí.

Año: 2013

Sala Constitucional declara inconstitucional la moratoria municipal de  Guácimo.

Se anula el acuerdo del Concejo Municipal de Guácimo, adoptado en Sesión Ordinaria No. 17-12 de 27 de abril de 2012 que aprobó una moratoria durante 24 meses, prorrogable de manera indefinida, del cultivo de piña en ese cantón y publicado en la Gaceta No. 107 de 4 de junio de 2012.

Temas analizados: 1) La declaración de cuáles son las circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a la Administración pública al dictado o emanación del acto administrativo es una exigencia del debido proceso y del derecho de defensa. 2) Principio de la interdicción de la arbitrariedad administrativa como una forma de contención de los poderes públicos y, en particular del ejercicio de sus potestades discrecionales. 3) Competencias nacionales en materia de protección de la salud pública y el medio ambiente. 4) Sobre la libertad de empresa y comercio. 5) Sobre el principio de reserva de ley como uno de los pilares básicos del Estado constitucional de Derecho. La libertad de empresa y de comercio como derecho fundamental, íntimamente ligado, por su naturaleza, con el derecho al trabajo y de propiedad privada, es susceptible de ser restringido por una disposición del parámetro de convencionalidad o de constitucionalidad y, eventualmente, por la ley, en el tanto y en el cuanto el límite respectivo sea necesario, razonable y proporcionado.

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