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Piña

Año: 2013

Gestión de inejecución.  Caso del Cairo-La Francia y Luisiana

Los recurrentes acusan desobediencia a lo ordenado por esta Sala en la sentencia número 2009-9040. Se declara con lugar el recurso. toda vez que a la fecha de interpuesta la presente gestión, no existe solución definitiva a la problemática denunciada, a pesar de haber transcurrido más de tres años desde su pronunciamiento. Sobre el particular, esta Sala tiene plena e idóneamente demostrado la desobediencia a lo dispuesto en la Sentencia supra mencionada, dado que, dichas autoridades en el informe rendido bajo juramento, han manifestado  que han dado  inicio al proceso  de saneamiento y eliminación de residuos de plaguicidas, de las fuentes de agua que abastecen a las comunidades amparadas  de El Cairo, Luisiana y La Francia; sin embargo,  se acredita que pese a los resultados de los análisis químicos realizados en las nacientes que abastecen las comunidades del Cairo-La Francia y Luisiana, no se ha logrado su descontaminación, pues el uso continuo de estos plaguicidas sumado a la existencia de canales de riego y la siembra de ese cultivo, ha ido aumentando la capacidad de infiltración de éstos en el suelo hasta llegar posiblemente a las zonas de recarga. Aunado a ello, se constata que el PLAN ÚNICO que como partes de la Administración del Estado deben realizar en forma conjunta, el cual corresponde a en el presente caso a un reglamento, no se ha logrado ejecutar en razón que el Ministerio de Agricultura no lo ha suscrito. El Ministerio de Agricultura y Ganadería, al respecto alude que no lo han firmado por falta de documentación técnico científica que respalde la cancelación de dicho producto, tampoco  les consta el estudio económico del efecto que podría causar a los productos de piña en general dicha medida, que  no existen elementos agronómicos que den sustento a la cancelación del producto y simplemente concluyen al respecto que consideran que el problema no es que se utilice el agroquímico, sino que la plantación esté asentada sobre un manto acuífero donde en apariencia se utiliza el agroquímico, por  lo  cual  no   están coordinando  lo   correspondiente   para  determinar  la procedencia o no de la promulgación del decreto  en los términos inicialmente propuestos o establecer en conjunto las medidas que nuevamente deban tomarse para proteger la salud de la población amparada. Argumento que acredita la falta de coordinación del Plan único que esta Sala Constitucional dispuso al efecto, por lo que la gestión formulada por el amparado  no ha sido resuelta de manera definitiva. Se e le impone a las Autoridades, bajo la advertencia de ordenarse la apertura de un procedimiento administrativo en su contra si no lo hiciere, el cumplimiento inmediato de lo señalado en dicha sentencia.

Año: 2010

No le compete a esta Sala revisar si lo dispuesto por las autoridades recurridas se ajusta o no a la normativa legal vigente, labor propia de la vía común (administrativa o jurisdiccional): caso de la mosca Stomoxys Calcitrans.

El recurrente acude en amparo en su condición personal y en defensa de los intereses difusos de los ciudadanos vecinos de las comunidades aledañas a las plantaciones de piña de interés comercial en nuestro país, porque a su juicio las autoridades recurridas oficializaron -en detrimento del ambiente- un manejo indebido para erradicar el cultivo poscosecha de rastrojo de piña, y así combatir la mosca Stomoxys Calcitrans.

 El amparo resulta inadmisible, como en efecto se declara, ya que el recurrente  no discute -o al menos así se desprende de lo planteado- sobre la ausencia de políticas que tiendan a prevenir un eventual daño ambiental, sino, la discusión se centra en la oportunidad, legalidad y conveniencia de las medidas adoptadas por las autoridades recurridas, lo cual, indefectiblemente escapa a la competencia legal y constitucionalmente otorgada a esta Sala. En este contexto, no le compete a esta Sala revisar si lo dispuesto por las autoridades recurridas se ajusta o no a la normativa legal vigente, labor propia de la vía común (administrativa o jurisdiccional). Por ello, deberá la parte recurrente plantear su inconformidad o reclamo ante la autoridad recurrida o en la vía jurisdiccional competente, vías en las cuales podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones. Por lo expuesto, de conformidad al preceptuado en el artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el amparo resulta inadmisible, como en efecto se declara.

Año: 2010

La Sala tutela las violaciones a los derechos fundamentales que provengan de un acto u omisión concreto

El recurrente acusa que el cultivo de piña ocasiona la erosión del suelo y deforestación. Argumenta que por esa razón se debe obligar a esas empresas dedicadas a ese tipo de cultivos a a sembrar árboles frutales, labor que debe ser supervisada por el MINAE.

El amparo se declara inadmisible, ya que el recurrente pretende una declaratoria general –y en abstracto-, lo cual se resulta improcedente, pues eventualmente podríamos estar ante situaciones perfectamente identificables, para las que debe impugnarse el acto administrativo concreto que se estima lesivo a los derechos de cada uno.  La Sala tutela las violaciones a los derechos fundamentales que provengan de un acto u omisión concreto, por esa razón, los menoscabos a los principios constitucionales, que parecieran alegarse, no pueden entrar a analizarse tal y como están formulados, pues ello implica que la Sala tendría que ejercer un control en abstracto, que resulta contrario a toda lógica jurídica, pues este Tribunal no conoce con exactitud qué actos u omisiones motivan la interposición del recurso, a quiénes específicamente se les ha aplicado y cuáles autoridades recurridas o sujetos de derecho privado son las responsables de ello (en el mismo sentido ver sentencia número 08202-99 de las diez horas treinta y seis minutos del veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y nueve). 

Año: 2011

En un proyecto agrícola de Alto y Moderado Impacto Ambiental Potencial, no se requiere la realización de una audiencia pública

El recurrente estimó transgredido el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado pues, en su criterio, de previo al otorgamiento de la viabilidad ambiental del proyecto que desarrolla la empresa Piñas Tropicales GAC, S. A. en la comunidad de Santa Rosa de la Rita de Guápiles, se debió garantizar el principio de participación de la comunidad, celebrando una audiencia pública, la que se echa de menos (libelo de interposición).

La Sala declara sin lugar el recurso ya que el 7 de abril de 2010, Piñas Tropicales GAC, S. A. presentó un proyecto ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental para la evaluación ambiental. Asimismo, consta que en fecha indeterminada, la empresaPiñas Tropicales GAC, S. A. presentó un estudio hidrogeológico, según el cual, el terreno es viable para el desarrollo de ese proyecto y el acuífero existente en la zona califica como de “Baja Vulnerabilidad”, razón por la que se recomienda mantener una distancia mínima sin uso de plaguicida de 256 metros alrededor del pozo. También, consta que por resolución de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, Nº 2526-2010-SETENA de las 8:55 hrs. de 13 de octubre de 2010, se otorgó viabilidad ambiental al proyecto “Finca Piñera Santa Rosa” presentado por Piñas Tropicales GAC, S. A., pues la información presentada junto con los estudios técnicos elaborados demostraron que la actividad a desarrollar era factible tomando en consideración las recomendaciones formuladas. En un proyecto agrícola como el que pretende desarrollar esa sociedad, de Alto y Moderado Impacto Ambiental Potencial, no se requiere la realización de una audiencia pública. Como se puede apreciar con meridiana claridad, existe una discusión sobre la procedencia de esa diligencia, conforme al ordenamiento infra-constitucional. En este sentido, no es a este Tribunal Constitucional al que le corresponde determinar si debe o no realizarse la audiencia pública reclamada. Bajo esta inteligencia, descarta la Sala que se haya producido el agravio reclamado. Como corolario de lo expuesto, se impone declarar sin lugar el recurso.

Año: 2011

Hacienda Ojo de Agua. Contaminación. Morosidad judicial

Señalan y manifiestan los recurrentes que desde el dos de octubre de dos mil siete se tramita en la Sala Constitucional el expediente número 07-013151-0007-CO, en cuyo escrito de interposición se acusó las lesiones a los artículos números 11, 21, 50 y 89 de la Constitución Política ocasionadas por la empresa Hacienda Ojo de Agua S.A., la cual explota una plantación de piña ubicada en el Distrito El Cairo de Siquirres y que al aparecer se ha ido expandiendo sin contar con los respectivos permisos y estudios de impacto ambiental, con el agravante que la misma se ubica sobre el manto acuífero que da origen a la naciente que nutre al acueducto del distrito anteriormente mencionado, al igual que el de Luisiana, utilizando productos químicos y agrotóxicos.

La Sala concluye que no se ha producido la alegada lesión al derecho a la justicia pronta y cumplida. Si bien desde el primero de octubre de dos mil siete se interpuso ante esta Sala el recurso de amparo tramitado bajo el número de expediente 07-013151-0007-CO, lo cierto es que desde entonces se ha dado al mismo el trámite que merece.

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