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Todos los Documentos: 207

Año: 2011

En un proyecto agrícola de Alto y Moderado Impacto Ambiental Potencial, no se requiere la realización de una audiencia pública

El recurrente estimó transgredido el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado pues, en su criterio, de previo al otorgamiento de la viabilidad ambiental del proyecto que desarrolla la empresa Piñas Tropicales GAC, S. A. en la comunidad de Santa Rosa de la Rita de Guápiles, se debió garantizar el principio de participación de la comunidad, celebrando una audiencia pública, la que se echa de menos (libelo de interposición).

La Sala declara sin lugar el recurso ya que el 7 de abril de 2010, Piñas Tropicales GAC, S. A. presentó un proyecto ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental para la evaluación ambiental. Asimismo, consta que en fecha indeterminada, la empresaPiñas Tropicales GAC, S. A. presentó un estudio hidrogeológico, según el cual, el terreno es viable para el desarrollo de ese proyecto y el acuífero existente en la zona califica como de “Baja Vulnerabilidad”, razón por la que se recomienda mantener una distancia mínima sin uso de plaguicida de 256 metros alrededor del pozo. También, consta que por resolución de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, Nº 2526-2010-SETENA de las 8:55 hrs. de 13 de octubre de 2010, se otorgó viabilidad ambiental al proyecto “Finca Piñera Santa Rosa” presentado por Piñas Tropicales GAC, S. A., pues la información presentada junto con los estudios técnicos elaborados demostraron que la actividad a desarrollar era factible tomando en consideración las recomendaciones formuladas. En un proyecto agrícola como el que pretende desarrollar esa sociedad, de Alto y Moderado Impacto Ambiental Potencial, no se requiere la realización de una audiencia pública. Como se puede apreciar con meridiana claridad, existe una discusión sobre la procedencia de esa diligencia, conforme al ordenamiento infra-constitucional. En este sentido, no es a este Tribunal Constitucional al que le corresponde determinar si debe o no realizarse la audiencia pública reclamada. Bajo esta inteligencia, descarta la Sala que se haya producido el agravio reclamado. Como corolario de lo expuesto, se impone declarar sin lugar el recurso.

Año: 2011

Hacienda Ojo de Agua. Contaminación. Morosidad judicial

Señalan y manifiestan los recurrentes que desde el dos de octubre de dos mil siete se tramita en la Sala Constitucional el expediente número 07-013151-0007-CO, en cuyo escrito de interposición se acusó las lesiones a los artículos números 11, 21, 50 y 89 de la Constitución Política ocasionadas por la empresa Hacienda Ojo de Agua S.A., la cual explota una plantación de piña ubicada en el Distrito El Cairo de Siquirres y que al aparecer se ha ido expandiendo sin contar con los respectivos permisos y estudios de impacto ambiental, con el agravante que la misma se ubica sobre el manto acuífero que da origen a la naciente que nutre al acueducto del distrito anteriormente mencionado, al igual que el de Luisiana, utilizando productos químicos y agrotóxicos.

La Sala concluye que no se ha producido la alegada lesión al derecho a la justicia pronta y cumplida. Si bien desde el primero de octubre de dos mil siete se interpuso ante esta Sala el recurso de amparo tramitado bajo el número de expediente 07-013151-0007-CO, lo cierto es que desde entonces se ha dado al mismo el trámite que merece.

Año: 2012

Derecho fundamental de acceso al agua potable.

Las recurrentes acusan que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados les ha señalado que deben asumir el costo de la instalación de la respectiva tubería, a efectos de poder tener acceso al agua potable. Estiman que con ello se infringe sus derechos fundamentales.

La Sala rechaza el recurso, indicando que resulta razonable que   en el lugar donde no exista dicha red de distribución de agua potable y se necesite la construcción de infraestructura, el interesado colabore con el levantamiento de tal imposibilidad técnica y asuma los costos  de instalación

Año: 2012

La Matriz de criterios de uso del suelo según la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos para la protección del recurso hídrico en el cantón Poás es de aplicación obligatoria en todos los cantones o zonas en donde se cuente con mapas de vulnerabilidad aprobados o confeccionados por el SENARA.

En todo caso, debe servir de guía y orientación técnica para la elaboración de las políticas sobre el uso del suelo, mientras tales cantones o zonas no cuenten con una matriz propia elaborada por el SENARA con la participación de las otras instituciones que elaboraron la matriz, y que garantice el mismo o un nivel más elevado de protección del recurso hídrico. Se anula lo dispuesto en los oficios números GE-557-09 de 14 de julio de 2009 y GE-850-09 de 21 de setiembre de 2009 en el sentido que el SENARA está obligado a vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en las materias de su incumbencia, por lo que resulta válida y necesaria la emisión y divulgación de matrices de criterio de uso de suelo según la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos que contengan medidas de protección concretas y vinculantes. Asimismo, se anulan los acuerdos números 3401 bis de 17 de abril de 2007 y 3751 del 27 de mayo de 2009, emitidos por la Junta Directiva del SENARA, en el sentido que se debe permitir que sean del conocimiento público tanto los dictámenes técnicos avalados por la Administración Superior del SENARA como aquellos que no lo sean o no lo hayan sido aún, siempre que el órgano que entregue la información aclare al petente el carácter vinculante o no de la documentación suministrada.

Año: 2012

Deber del Estado de garantizar a toda persona el acceso al agua potable.

Temas que se analizan: 1) Establece el deber del Estado, a través del AyA, de garantizar a toda persona, de forma progresiva y sin discriminación, el acceso al agua potable, para satisfacer sus necesidades básicas. 2)Vincula el reconocimiento del derecho fundamental al agua con el reconocimiento del derecho fundamental al buen funcionamiento de los servicios públicos. 3)Establece que los servicios públicos deben prestarse de manera continua, regular, célere, eficaz y eficiente

Año: 2012

Derecho fundamental de acceso al agua potable. 

Año: 2012

Derecho fundamental de acceso al agua potable.

Se ordena a la Jefa de la Oficina Cantonal de Tilarán del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quien ejerza el cargo, adoptar las medidas necesarias para que a los recurrentes se les suministre, en forma inmediata, el servicio de agua potable, ya sea por camiones cisternas o cualquier otro medio que se estime razonable.

Año: 2012

Derecho fundamental de acceso al agua potable.

Se ordena al Presidenta Ejecutiva, al Subgerente de Gestión de Sistemas Comunales y al Jefe de la Oficina Cantonal de Buenos Aires, todos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, realizar las acciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que dentro del plazo de DIECIOCHO MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se brinde una solución efectiva al problema de falta de agua potable para el pueblo Bribrí de San Rafael de Cabagra, Brazo de Oro y Tsane Dikol del Territorio Indígena de Cabagra, conforme las gestiones presentadas por el recurrente.

Año: 2012

Derecho fundamental de acceso al agua potable.

Analiza la Sala el derecho fundamental al agua potable y la responsabilidad del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados con relación a la prestación eficiente y eficaz del servicio público de abastecimiento de agua potable.

Año: 2012

Se presenta recurso de amparo alegando contaminación por Presencia  de nitratos en varias zonas de recarga y cuencas producto de la aplicación de fertilizantes, incluido los utilizados en el cultivo de piña.

Temas analizados: 1) Sobre la coordinación entre las dependencias públicas, la cual debe garantizar la protección al ambiente. Existe unaobligación para el Estado como un todo- de tomar las medidas necesarias para proteger el medio, a fin de evitar grados de contaminación, deforestación,extinción de flora y fauna, uso desmedido o inadecuado de los recursos naturales, que pongan en peligro la salud de los administrados. 2) Sobre las aguas subterráneas y derechos fundamentales. 3) Naturaleza y Régimen Jurídico de las Aguas Subterráneas, Mantos Acuíferos y Áreas de Recarga: bienes de dominio público. 3) Sobre la constatación de contaminación por fertilizantes nitrogenados  y a la ausencia de estudios por parte del Laboratorio Nacional de Aguas del AyA en donde se determine la existencia de contaminación por fertilizantes nitrogenados.

Se declara con lugar el recurso y se ordena al MINAE, MAG, INVU, AyA, MINSA, INTA, SENARA, SFE  que en el término improrrogable de tres meses contados a partir de la notificación de ésta sentencia, coordinen las acciones necesarias, dentro del marco de sus competencias y atribuciones, a fin de ubicar los focos de contaminación por fertilizantes nitrogenados en los Acueductos de Milano, el Cairo y Luisiana. Y ordena al AyA tomar las medidas necesarias para elaborar los estudios de contaminación por fertilizantes nitrogenados en los Acuíferos de Barva, Libertad y Colima, Acueductos de Banderillas de Cartago, Cuenca del Río Naranjito en Quepos, Cuenca de Río Jiménez, Río Santa Clara, Molino, Microcuencas de las quebradas de Pacayas y Plantón, Parte Alta del RíoReventazón, Arrecifes Coralinos de la Zona Atlántica, Humedales Térraba- Sierpe y Caño Negro, en San Carlos, Guácimo, Cariari y Banderillas, en el plazo de dos años y comunicar los resultados de esos estudios a la Sala Constitucional y a las autoridades recurridas para lo de su competencia.

Año: 2012

Derecho fundamental de acceso al agua potable.

Se ordena al Instituto de Desarrollo Agrario que dentro del plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia, ejecuten de manera coordinada con el Instituto costarricense de Acueductos y Alcantarillados, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, las acciones que sean necesarias y las obras requeridas para dotar a las familias que residen en el Asentamiento El Jardín en Batán del servicio de agua potable, en los términos y condiciones técnicas que indiquen los estudios respectivos.

Año: 2012

Deber del Estado de garantizar a toda persona el acceso al agua potable.

Se declara parcialmente con lugar el recurso por la falta de conexión de una fuente pública

Año: 2012

Abastecimiento de aguas en las comunidades de El Cairo, La Francia y La Luisiana de Siquirres,. Aguas contaminadas por agroquímicos.

Alega el recurrente que  desde hace más de 5 años no cuentan con agua potable, que se abastecen de pozos artesanales que suplen agua contaminada con agroquímicos, lo que genera problemas de salud en los pobladores y que siguen recibiendo el líquido por medio de tanques cisternas sin que se vea una solución a corto plazo, para recibir el agua potable como existe en la mayor parte del país. En este caso, la Sala señala que hayfundamento suficiente para que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, como ente rector en la materia, no solo ejecute el proyecto que considere oportuno para abastecer de agua potable a esas comunidades, sino también que asuma la administración del acueducto, máxime que, como ya se apuntó, la vida y salud de los pobladores de esas comunidades, se encuentran en grave riesgo. Se declara con lugar el recurso. Se ordena a la Presidenta Ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que adopte las medidas que sean necesarias para que, de manera inmediata, se inicie la ejecución del proyecto de acueducto para abastecer a las comunidades de El Cairo, La Francia y Luisiana de Siquirres, a fin de que esté concluido, a más tardar, en 18 meses y con ello se de solución definitiva al problema de suministro de agua potable que se denuncia en este amparo. 

Año: 2013

Derecho fundamental de acceso al agua potable

El derecho a recibir agua potable. Contaminación de agua con arsénico. Recurso  de  amparo contra  AyA.

Los recurrentes estiman lesionados sus derechos fundamentales a la salud y la vida, pues pese a que desde hace más de un año decretó el Poder Ejecutivo emergencia sanitaria en Guanacaste y la zona norte de Alajuela debido a la contaminación del agua para consumo humano con Arsénico.

 En esta sentencia se analizan los siguientes temas: 1) Sobre el Arsénico y sus implicaciones en la salud pública. 2) Sobre el nivel recomendado de Arsénico en el agua para consumo humano. 3) Sobre  el  derecho  de  acceso  al  agua  potable. 4) Sobre  el  adecuado  funcionamiento  de los servicios públicos. 5)Sobre  las competencias   del  Ministerio  de  Salud,  el  Instituto Costarricense  de  Acueductos  y  Alcantarillados,  el  SENARA  y las municipalidades en materia de suministro de agua destinada al consumo de la población. 6)Sobre las actuaciones del ICAA y el Ministerio de Salud en el caso concreto.7) Sobre la actuación de las municipalidades y el SENARA. 

Año: 2013

Sala Constitucional declara inconstitucional la moratoria municipal de  Guácimo.

 Se anula el acuerdo del Concejo Municipal de Pococí, Nº 448 de la sesión ordinaria número 19 de 12 de marzo de 2012, indicando que la Municipalidad de Pococí no autorizará licencias municipales, remociones de tierra, ni otorgará licencias constructivas para actividades relacionadas con siembra y expansión, industrialización, exportación, distribución y comercialización interna de piña en el cantón, sin perjuicio de las licencias otorgadas hasta antes de la promulgación de esta política

Temas analizados: 1) La declaración de cuáles son las circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a la Administración pública al dictado o emanación del acto administrativo es una exigencia del debido proceso y del derecho de defensa. 2) Principio de la interdicción de la arbitrariedad administrativa como una forma de contención de los poderes públicos y, en particular del ejercicio de sus potestades discrecionales.

La Sala argumenta que se constata una infracción evidente a la motivación razonable de toda actuación administrativa, como componente de los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa y manifestación específica del principio de interdicción de la arbitrariedad. En efecto, los estudios técnicos, parcialmente invocados, para dar sustento al acuerdo municipal, fueron elaborados en el año 2006, siendo que el acuerdo impugnado data del 2012 y de otra parte fueron enfocados para la cuenca media del río General-Térraba, no para el cantón de Pococí.

Año: 2013

Hacienda Ojo de Agua, contaminación

Los   recurrentes  consideran  violentados   sus derechos fundamentales, ya que  el 7 de setiembre de 2012, solicitaron a la autoridad recurrida copia del plan regulador e información de las consideraciones tenidas por la municipalidad al otorgar patente comercial a una empresa piñera, ; sin embargo, no han recibido respuesta alguna,  y a su vez reclaman que se ha permitido por parte de la municipalidad recurrida (Siquirres)  el desarrollo de una empresa piñera encima de un manto acuífero que abastece a varias comunidades,  lo cual viola el artículo 50 de la Constitución Política.

Temas analizados: 1) El derecho de acceso a la información administrativa y el derecho de petición y pronta respuesta. 2)El derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

Señala la Sala que se requiere un muestreo de agua para determinar por método científico la presencia de los agentes químicos presentes en el agua y que se encuentran frente a un claro e indubitable estado de incertidumbre científico y técnico en punto a los riesgos y contaminación ambiental que la actividad de siembra y producción de piña  que se lleva a cabo en el inmueble propiedad de Hacienda Ojo de Agua, pueda provocar. Tal situación impone, inevitablemente, aplicar  el  principio  preventivo   y,  en   ese  particular,  ordenar   a la municipalidad y al MINSA que giren las medidas pertinentes a efecto de descartar que en la finca mencionada, no se desarrolla ninguna actividad que altere y ponga en riesgo el ambiente.

Año: 2013

Derecho fundamental de acceso al agua potable

La recurrente interpone recurso de amparo contra  la  Presidenta  Ejecutiva  del Instituto  Costarricense  de Acueductos  y Alcantarillados y manifiesta que por más de ocho años de vivir en la comunidad de Potrero, ha enfrentado, año con año, serios problemas de abastecimiento de agua, principalmente en las temporadas altas de turismo; problema que afecta a gran cantidad de vecinos de esa comunidad. 

En esta sentencia se analizan los siguientes temas: 1) Sobre el derecho fundamental al agua y a la prestación adecuada de los servicios públicos. En  criterio  de  la  Sala, se ha venido dando una deficiente gestión en el suministro de un servicio público esencial como es el agua potable, lo que ha ocasionado que el problema se haya incrementado, al punto de poner en riesgo la vida y salud de la población afectada. Para este Tribunal, tanto la ASADA como el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, tienen su cuota de responsabilidad en la problemática que se denuncia en el amparo: la ASADA por las limitaciones  propias  que  como  son  del  conocimiento  público,  enfrentan  este  tipo  de asociaciones; y el AYA porque a pesar de ser el órgano rector en la materia, de tener conocimiento de la situación y de haber dictado el mencionado acuerdo, no ha adoptado  medidas contundentes para asumir, por completo y de manera definitiva, el acueducto de la comunidad y eliminar con ello los problemas de desabastecimiento existentes en la comunidad  de Potrero.  En consecuencia, lo procedente es declarar con lugar el recurso, ordenando al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que ejecute de manera inmediata el acuerdo No.2009-378 adoptado por su Junta Directiva en la sesión ordinaria número 2009-035 del 23 de junio del 2009, artículo 6, inciso c), a fin de que asuma, de forma completa, el sistema de acueducto de la comunidad de Playa Potrero de Guanacaste.  Por su parte, se le ordena a la Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de Playa Potrero, que brinde al Instituto accionado,  toda la colaboración que sea necesaria para que pueda ejecutar con celeridad, el acuerdo indicado.-

Año: 2013

Sala Constitucional declara inconstitucional la moratoria municipal de  Guácimo.

Se anula el acuerdo del Concejo Municipal de Guácimo, adoptado en Sesión Ordinaria No. 17-12 de 27 de abril de 2012 que aprobó una moratoria durante 24 meses, prorrogable de manera indefinida, del cultivo de piña en ese cantón y publicado en la Gaceta No. 107 de 4 de junio de 2012.

Temas analizados: 1) La declaración de cuáles son las circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a la Administración pública al dictado o emanación del acto administrativo es una exigencia del debido proceso y del derecho de defensa. 2) Principio de la interdicción de la arbitrariedad administrativa como una forma de contención de los poderes públicos y, en particular del ejercicio de sus potestades discrecionales. 3) Competencias nacionales en materia de protección de la salud pública y el medio ambiente. 4) Sobre la libertad de empresa y comercio. 5) Sobre el principio de reserva de ley como uno de los pilares básicos del Estado constitucional de Derecho. La libertad de empresa y de comercio como derecho fundamental, íntimamente ligado, por su naturaleza, con el derecho al trabajo y de propiedad privada, es susceptible de ser restringido por una disposición del parámetro de convencionalidad o de constitucionalidad y, eventualmente, por la ley, en el tanto y en el cuanto el límite respectivo sea necesario, razonable y proporcionado.

Año: 2013

Empresa piñera, permisos ambientales

Recurso de amparo interpuesto contra SETENA, SENARA, el Director del Área Funcional Cuencas Hidrográficas del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el Director de la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía, el Alcalde de Pococí y la empresaPiñas Tropicales GAC S.A, alegando que la empresa ha realizado daños ambientales, y que el permiso que tiene para actuar es insuficiente. La Sala declara con lugar la acción y ordena a Jorge Acón Sánchez, en su condición de representante de Piñas Tropicales GAC S.A., o a quien en su lugar ejerza ese cargo, que, en forma inmediata, suspenda los trabajos en el proyecto denominado "Finca Piñera Santa Rosa", si es que los ha iniciado, a fin de que cumpla con todo lo requerido por SENARA. Además del permiso para los canales de drenaje de aguas pluviales. Nótese que éstas en menor o mayor grado, han permitido que la empresa recurrida realice un proyecto piñero sin que tenga todos los estudios que corresponden para un desarrollo agrícola de tal envergadura, a tal grado que la viabilidad ambiental que obstenta es insuficiente.

Temas analizados: 1) El valor que el principio precautorio en materia ambiental posee. 2) Competencias de SENARA. 3) Estudios correspondientes para la actividad piñera.

Año: 2014

Gestión de desobediencia en un recurso de amparo interpuesto.

 * VerRes. Nº 2010-004949.

La Sala Constitucional verifica que la denuncia interpuesta que originó un recurso de amparo en el año 2010 contra el Estado y las empresas piñeras The Jimmy House S.A. Swiss Tropical Fruit S.A. y Agrovicces S.A.,  no ha sido cumplida en su totalidad. En dicho recurso del 2010 la Sala ordenó paralizar las actividades relacionadas con la piña que no cuenten con los respectivos permisos, y en todo caso, a realizar dichas actividades en respeto del derecho a gozar de un ambiente sano. Y ordena al MINSA y al TAA tomar acciones, las cuales no se ha cumplido totalmente.

Cedarena 2014

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