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Todos los Documentos: 207

Año: 2003

Deber de coordinación entre las diversas dependencias públicas a fin de garantizar la protección del medio ambiente

El medio ambiente es una tarea que corresponde a todos por igual, es decir, que existe una obligación para el Estado –como un todo- de tomar las medidas necesarias para proteger el medio ambiente, a fin de evitar grados de contaminación, deforestación, extinción de flora y fauna, uso desmedido o inadecuado de los recursos naturales, que pongan el peligro la salud de los administrados. En esta tarea, por institución pública, debe entenderse comprendida tanto la Administración Central –Ministerios, como el Ministerio del Ambiente y Energía y el Ministerio de Salud, que en razón de la materia, tienen una amplia participación y responsabilidad en lo que respecta a la conservación y preservación del medio ambiente; los cuales actúan, la mayoría de las veces, a través de sus dependencias especializadas en la materia.

Año: 2014

Obligación del Estado de proveer del servicio de agua potable

Recurso de amparo contra la Asociación Administradora del Acueducto Rural de Barrio San Jorge de Corredores de Puntarenas. Es obligación del Estado costarricense, proveer del servicio de agua potable, debe existir en el sitio una red de suministro de agua potable ya sea por medio de tanques cisternas o a través de fuente pública, o un tanque en condiciones para captar y abastecer a los pobladores de este líquido tan importante. Al haber una carencia absoluta de agua coloca a esta comunidad en una grave situación, absolutamente lesiva de sus derechos fundamentales.

No es admisible que el AyA, bajo el argumento de que hay imposibilidad técnica, no ofrezca ninguna propuesta válida y aceptable para que los vecinos de esa comunidad puedan recibir agua potable.

La Sala ordena al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados -como ente rector en la materia-, que de manera inmediata adopte las medidas necesarias y emita las directrices que se requieran, para empezar con la elaboración de los estudios tendientes a ubicar un manto acuífero en la zona donde habita el recurrente, y construir la infraestructura que sea necesaria para que esa comunidad, cuente con servicio de agua potable, todo dentro del plazo de un año. 

Año: 2014

Derecho de acceso al agua para el desarrollo rural sostenible. Recurso de amparo contra el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) por una  Concesión de agua en Río Veracruz. Proyecto de Riego Guacimal- Los Ángeles.

Los recurrentes estiman lesionado su derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como el derecho de acceso al agua, por cuanto las autoridades recurridas autorizaron el Proyecto de Riego Guacimal-Los Ángeles, que implica una concesión para explotar 163.23 litros por segundo de las aguas superficiales del Río Veracruz, con fines de riego agrícola, lo cual significa la explotación de un caudal muy grande que ha producido un acelerado decrecimiento del río, poniendo en peligro la vida de especies únicas de ese ecosistema.  Señalan que al otorgar la concesión no se realizaron los estudios ambientales necesarios.

En esta sentencia se analizan los siguientes temas: 1) Sobre el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en donde se indica que las omisiones al deber de protección del ambiente y de cumplimiento de la normativa ambiental son de relevancia constitucional, pues debido a la inercia de la Administración, en esta materia, se puede producir daños irreversibles. 2) Sobre el derecho fundamental al agua. La Sala ha tenido oportunidad de pronunciarse de manera contundente y detallada sobre la protección que debe otorgarse al recurso hídrico nacional, clarificando tanto el marco normativo de protección, como las instituciones que conforman el sector hídrico, reconociendo y precisando el ámbito de competencias de dichas instancias y la trascendencia de sus actuaciones en materia de otorgamiento, aprovechamiento y protección del agua. 3) Sobre el derecho de acceso al agua para el desarrollo rural sostenible. La Sala ya ha establecido la importancia de que los productores y empresarios agrarios, puedan tener acceso a ese recurso para el desarrollo de sus actividades productivas y de consumo. Atendiendo a los fines perseguidos por la legislación agroalimentaria y agroambiental, es justo reconocer un equilibrio entre la producción agropecuaria, ganadera y acuícola, y la protección del medio ambiente, pero facilitando el aprovechamiento sostenible de los recursos. De esa forma se puede garantizar suficiente disponibilidad de productos para satisfacer tanto la producción agroalimentaria (o seguridad alimentaria vista como disponibilidad de productos para el ejercicio empresarial de la actividad agraria sostenible), como la calidad agroalimentaria y la protección de la salud y el medio ambiente. Es decir, un perfecto equilibrio entre Agricultura, Ambiente y Alimentación en el ámbito del comercio agrícola, nacional, regional (o comunitario) e internacional. 4) Sobre el Estudio de Impacto Ambiental y en el caso concreto, la Sala considera necesario acoger, parcialmente, el recurso de amparo.

Año: 2014

Derecho fundamental de acceso al agua potable

Problema de abastecimiento de agua en Paraíso de Cartago. Recurso de amparo contra la Municipalidad de Paraíso de Cartago. La recurrente considera lesionado su derecho al agua potable dada la irregularidad del servicio y que se extienden permisos a nuevas urbanizaciones en el Cantón de Paraíso. En cuanto a este tema en concreto, la Sala en sentencia 010906-2014, en donde se ordenó a la Alcaldesa de Paraíso de Cartago y al Presidente del Concejo de Paraíso de Cartago lo siguiente: 1.) Establecer dentro del plazo máximo de un mes, contado a partir de la notificación de esta resolución, un plan para darle una solución definitiva al abastecimiento de agua potable del cantón de Paraíso de Cartago. 2.) Adoptar las medidas pertinentes para aumentar la capacidad del acueducto y mejorar la captación y abastecimiento de agua potable dentro del plazo de doce meses contado a partir de la notificación de la presente sentencia. 3.) Garantizar, en tanto se concrete dicha obra, el abastecimiento constante de agua potable a los amparados y sus vecinos, a través de camiones cisterna o de cualquier otra forma técnicamente adecuada; debiendo comunicar a los vecinos los horarios de suministro y las razones por las cuales se presentan los desabastecimientos en la localidad en tanto no se haya solucionado en su integralidad la deficiencia en la prestación del servicio de agua. 

Año: 2014

Derecho fundamental de acceso al agua potable Se ordena al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados desinfectar el agua que abastece a la población de Alto Coris de Cartago, debido a que el agua que reciben está contaminada, lo que lesiona sus derechos fundamentales. Además las autoridades recurridas no han procedido a resolver la situación, a pesar de que los integrantes de la ASADA de Alto Coris de Cartago renunciaron desde febrero de este año, porque no pudieron hacer frente a la problemática en cuestión

Año: 2014

Derecho fundamental de acceso al agua potable. Recurso de amparo contra la Empresa de Servicios Públicos de Heredia y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP). Se ordena garantizar el servicio de agua a la comunidad afectada, al acusar que se presentan graves problemas de desabastecimiento del servicio de agua potable y por el otro, la calidad del agua que se les brinda, todo ello en su condición de vecinos de Santa Elena de San Isidro de Heredia. En esta sentencia se analizan los siguientes temas: a) Sobre el derecho al agua, fundamentado en instrumentos internacionales y sentencias de esta Sala. b) Sobre el reclamo contra la Empresa de Servicios Públicos de Heredia. c) Sobre la falta de agua. Agua potable

Año: 2014

Derecho fundamental de acceso al agua potable. Suministro de agua potable en periodo de racionamiento

Recurso de amparo contra la Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A. El recurrente estima lesionados sus derechos fundamentales debido a que la autoridad recurrida ha estado implementando racionamientos del suministro de agua potable en San Francisco de Heredia, durante más de doce horas diarias y de manera indefinida, sin que existan criterios técnicos ni jurídicos que respalden esa decisión. En esta sentencia se analizan los siguientes temas: 1)Derecho de acceso al agua potable, el cual ha sido reconocido como derecho humano. 2)Sobre el servicio público de suministro de agua potable, el cual aunque ineficiente, se brinda en la medida de las posibilidades materiales existentes.  3)Deber de garantizar el acceso al agua potable por el racionamiento hídrico por medio de la utilización de camiones cisterna o cualquier otro medio razonable. 4)Derecho de acceso a la información. Se declara con lugar el recurso. Se le ordena al Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A., en forma inmediata, adoptar las medidas necesarias para que se suministre a las personas afectadas con el racionamiento del servicio de agua potable en el Cantón Central y San Francisco de Heredia, el recurso hídrico necesario para consumo humano, ya sea por camiones cisternas o cualquier otro medio alternativo que se estime razonable. 

Año: 2003

Reconoce, como parte del Derecho de la Constitución, un derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida, al medio ambiente sano, a la alimentación y la vivienda digna.

Identifica una serie de instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos aplicables en Costa Rica que reconocen dicho derecho.

Señala que, de acuerdo con el marco normativo internacional vigente, el Estado está obligado a adoptar las medidas necesarias a fin de lograr, progresivamente y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de este tipo de derechos.

Aclara que cuando, razonablemente, el Estado deba brindar los servicios de los que depende el reconocimiento de estos derechos, los titulares de los mismos pueden exigirlos y la Administración Pública no puede escudarse en presuntas carencias de recursos para justificar el incumplimiento de su obligación

Año: 2003

Derecho de acceso a agua potable.

Dos comunidades en Liberia no tienen este derecho. Se  declara con lugar el recurso y, en consecuencia, se ordena al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que ejecuten las acciones necesarias a fin de que los amparados disfruten en forma plena del servicio de agua.

Año: 2004

Establece qué deberes deben cumplir y qué acciones deben ejecutar las distintas instituciones públicas vinculadas con la gestión del recurso hídrico para la protección de éste y el reconocimiento efectivo de esos derechos.

 Analiza los siguientes temas: 1)  Reconoce la relación existente entre el carácter de bien de dominio público de las aguas subterráneas, las áreas de recarga y los mantos acuíferos, así como su protección con el reconocimiento efectivo de los derechos a la vida, a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.  2) Tratándose a del uso de agua como bien demanial, corresponde las autoridades administrativas y estatales autorizar o denegar su utilización 3) Violación del derecho alegado por autorizar la Municipalidad recurrida construcción de urbanización cerca de mantos acuíferos para consumo humano. 4) Aguas subterráneas y superficiales, los mantos acuíferos y zonas de carga y descarga de aguas naturales. 5) Deber constitucional de preservar y conservar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado para las personas.

Año: 2004

Reitera que uno de los derivados del derecho a la salud –artículo 21 de la Constitución Política- es el derecho a contar con suministro de agua potable. Se analizan los siguientes temas: 1) Insiste en que existe un marco normativo internacional del que  se deriva una serie de derechos fundamentales ligados a la obligación del Estado de brindar los servicios públicos básicos, lo cual implica que no puede privarse ilegítimamente de ellos a las personas. Señala que, en el caso del agua potable, la obligación del Estado no es la de suministrar el servicio público en forma inmediata y dondequiera que sea, sino la de adoptar medidas a fin de lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos vinculados con dicho servicio, según lo establecido en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Protocolo de San Salvador

Aclara que lo anterior no quiere decir que el derecho fundamental a los servicios públicos no tenga exigibilidad concreta. En ese sentido, indica que “cuando razonablemente el Estado deba brindarlos, los titulares del derecho pueden exigirlo y no pueden las administraciones públicas o, en su caso, los particulares que los presten en su lugar, escudarse en presuntas carencias de recursos.

Año: 2005

El Estado debe resolver problemas de abastecimientos de agua Alega el recurrente que arbitrariamente y sin procedimiento legal alguno les suspendieron el suministro de agua potable a 19 familias que se abastecen por medio del acueducto Calle La Plaza en Aserrí. Se declara CON LUGAR el recurso. Se ordena al Gerente del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y a al representante del Comité Administrador del

Acueducto tomar las medidas correspondientes a fin de solucionar de manera definitiva el problema de abastecimiento de agua del Acueducto de Barrio San José de San Gabriel de Aserrí (Calle Orozco) .

Año: 2006

Reconoce un derecho fundamental al agua potable como parte integrante del Derecho de la Constitución.  Analiza los siguientes temas: 1) Identifica una serie de instrumentos internacionales en los que se establece el fundamento para el reconocimiento de dicho derecho. 2) Indica que el derecho humano al agua se deriva de los derechos a la salud, la vida, al medio ambiente, la alimentación y la vivienda digna, entre otros; pero también que de él dependen todos los derechos humanos. 3) Señala que los Estados están obligados a garantizar sin discriminación el derecho a agua suficiente, físicamente accesible, segura y aceptable de manera progresiva.

Año: 2008

Deber de protección de los mantos acuíferos

Alega el recurrente que el Poder Judicial promueve la construcción del edificio de Tribunales del Caribe Norte, ubicándolo en Guápiles para lo cual compró un inmueble que se encuentra a una distancia considerable del centro de la ciudad dificultándose su acceso. Además, al estar al costado sur de la carretera Braulio Carrillo implica un grave riesgo a la vida y la salud de los usuarios. Asimismo, consideran que se encuentra muy cerca de los mantos acuíferos de Pococí, situación que no fue analizada a la hora de la adjudicación de la respectiva licitación, y que para el caso la SETENA le ha solicitado a la Corte una declaración jurada de compromiso ambiental, sin haberse realizado una inspección ni el estudio de impacto ambiental, violentándose con ello el artículo 50 constitucional. Se declara con lugar el recurso. Se le ordena al Presidente de la Corte Suprema de Justicia que, de manera inmediata, disponga lo necesario para construir en el edificio de los Tribunales del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica (Guápiles), una planta de tratamiento con descarga a un cauce de agua superficial y, en consecuencia, se abstenga de construir dicha planta con pozos o campos de infiltración. Se le ordena a la Ministra y al Director Ejecutivo del Consejo de Seguridad Vial, ambos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes que giren las órdenes necesarias y tomen las medidas pertinentes que estén dentro del ámbito de su competencia a fin de construir un puente peatonal para acceder al edificio de los Tribunales del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica (Guápiles) y ejecutar las medidas de señalización y seguridad vial que sean pertinentes. 

Año: 2009

Principio preventivo en materia ambiental sobre la protección brindada por el Estado al recurso hídrico

La Sala Constitucional declara inconstitucional el intento, por medio del artículo 14 del Decreto No. 32734-MINAE-S-MOPT- MAG-MEIC, de eliminar el requisito de evaluación de impacto ambiental los aprovechamientos (concesiones) de aguas superficiales y subterráneas que no forman parte de un proyecto, actividad u obra. Esta Sala estima que la derogatoria que se llevó a cabo deviene, a todas luces, en inconstitucional, dado que, se excluye, con respecto a los aprovechamientos (concesiones) de aguas superficiales y subterráneas que no forman parte de un proyecto -sin justificación técnica alguna y, en contravención de lo dispuesto en el artículo 50 constitucional-, cualquier ponderación de los efectos acumulativos en el ambiente y en el cauce o cuerpo de agua (suma de impactos individuales que producen diferentes actividades presentes o futuras predecibles), corrección del impacto ambiental de un uso especial, la prevención, mitigación, compensación, restauración y recuperación por daños ambientales o impactos ambientales no controlados del uso particular, fiscalización o monitoreos ambientales, etc..  En la especie, la derogatoria incorporada a través del Decreto No. 32734-MINAE-S-MOPT-MAG- MEIC, resulta irrazonable y quebranta, flagrantemente, el derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como el principio preventivo en materia ambiental, por cuanto, deja al margen del ordenamiento jurídico, la protección que, originalmente, era brindada por el Estado, concretamente, por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, al recurso hídrico, sea, a aquellas aguas superficiales y subterráneas dadas en concesión y que no forman parte de un proyecto, actividad u obra.

Año: 2010

El acceso al agua potable está inescindiblemente unido al derecho a la vida y a la salud

Año: 2010

Violación al derecho de obtener justicia pronta y cumplida por la actuación tardía de las instituciones gubernamentales

Se interpuso denuncia sobre la siembra de cientos de hectáreas de piña, en Berlín de Los Chiles. En ese momento, se expuso que las piñeras han destruido paulatinamente bosques y humedales, sin que ni siquiera contaran con los permisos de ley. Contra el Estado (MINSA y TAA) y las empresas piñeras The Jimmy House S.A. Swiss Tropical Fruit S.A. y Agrovicces S.A,

La Sala declara a favor el amparo indicando que las actuaciones del Tribunal Ambiental Administrativo han sido tardías en el trámite de la denuncia en cuestión, ocasionando una violación al derecho de obtener justicia pronta y cumplida, a su vez dado que las actuaciones del Ministerio de Salud fueron omisas en cuanto a tomar de forma eficiente las medidas correctivas para proceder contra las empresas que operan actividades piñeras que pueden dañar al ambiente; y dado que las empresas en cuestión operaron actividades piñeras sin contar con los permisos respectivos, violando con ello el derecho a gozar de un ambiente sano y el derecho a la salud

Se ordena a las instituciones a actuar y a paralizar las actividades relacionadas con la piña que no cuenten con los respectivos permisos, y en todo caso, a realizar dichas actividades en respeto del derecho a gozar de un ambiente sano y el derecho a la salud de los vecinos de la zona. 

Año: 2010

No le compete a esta Sala revisar si lo dispuesto por las autoridades recurridas se ajusta o no a la normativa legal vigente, labor propia de la vía común (administrativa o jurisdiccional): caso de la mosca Stomoxys Calcitrans.

El recurrente acude en amparo en su condición personal y en defensa de los intereses difusos de los ciudadanos vecinos de las comunidades aledañas a las plantaciones de piña de interés comercial en nuestro país, porque a su juicio las autoridades recurridas oficializaron -en detrimento del ambiente- un manejo indebido para erradicar el cultivo poscosecha de rastrojo de piña, y así combatir la mosca Stomoxys Calcitrans.

 El amparo resulta inadmisible, como en efecto se declara, ya que el recurrente  no discute -o al menos así se desprende de lo planteado- sobre la ausencia de políticas que tiendan a prevenir un eventual daño ambiental, sino, la discusión se centra en la oportunidad, legalidad y conveniencia de las medidas adoptadas por las autoridades recurridas, lo cual, indefectiblemente escapa a la competencia legal y constitucionalmente otorgada a esta Sala. En este contexto, no le compete a esta Sala revisar si lo dispuesto por las autoridades recurridas se ajusta o no a la normativa legal vigente, labor propia de la vía común (administrativa o jurisdiccional). Por ello, deberá la parte recurrente plantear su inconformidad o reclamo ante la autoridad recurrida o en la vía jurisdiccional competente, vías en las cuales podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones. Por lo expuesto, de conformidad al preceptuado en el artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el amparo resulta inadmisible, como en efecto se declara.

Año: 2010

La Sala tutela las violaciones a los derechos fundamentales que provengan de un acto u omisión concreto

El recurrente acusa que el cultivo de piña ocasiona la erosión del suelo y deforestación. Argumenta que por esa razón se debe obligar a esas empresas dedicadas a ese tipo de cultivos a a sembrar árboles frutales, labor que debe ser supervisada por el MINAE.

El amparo se declara inadmisible, ya que el recurrente pretende una declaratoria general –y en abstracto-, lo cual se resulta improcedente, pues eventualmente podríamos estar ante situaciones perfectamente identificables, para las que debe impugnarse el acto administrativo concreto que se estima lesivo a los derechos de cada uno.  La Sala tutela las violaciones a los derechos fundamentales que provengan de un acto u omisión concreto, por esa razón, los menoscabos a los principios constitucionales, que parecieran alegarse, no pueden entrar a analizarse tal y como están formulados, pues ello implica que la Sala tendría que ejercer un control en abstracto, que resulta contrario a toda lógica jurídica, pues este Tribunal no conoce con exactitud qué actos u omisiones motivan la interposición del recurso, a quiénes específicamente se les ha aplicado y cuáles autoridades recurridas o sujetos de derecho privado son las responsables de ello (en el mismo sentido ver sentencia número 08202-99 de las diez horas treinta y seis minutos del veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y nueve). 

Año: 2010

Servicio de agua. Suspensión del servicio por falta de pago.

El recurrente estimó transgredido su derecho a la salud y el de los amparados, pues, en su criterio, por causas imputables, única y exclusivamente, a la Alcaldía Municipal de Barva de Heredia, se dejó a los amparados sin agua potable. La Sala ha indicado que el suministro de agua potable no es gratuito, y que quienes disfrutan del mismo están obligados a satisfacer el costo del servicio. En caso que el interesado no satisfaga el costo, la Corporación Municipal administradora correspondiente tiene la posibilidad de suspender el suministro, siempre y cuando exista a disposición de las personas una fuente pública ubicada a una distancia razonable. En este caso, la suspensión del suministro de agua potable que se reclama, se deriva de la falta de pago del servicio del propietario.

Cedarena 2014

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