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Criterios Emitidos por Instituciones

Año: 2010

La Sala tutela las violaciones a los derechos fundamentales que provengan de un acto u omisión concreto

El recurrente acusa que el cultivo de piña ocasiona la erosión del suelo y deforestación. Argumenta que por esa razón se debe obligar a esas empresas dedicadas a ese tipo de cultivos a a sembrar árboles frutales, labor que debe ser supervisada por el MINAE.

El amparo se declara inadmisible, ya que el recurrente pretende una declaratoria general –y en abstracto-, lo cual se resulta improcedente, pues eventualmente podríamos estar ante situaciones perfectamente identificables, para las que debe impugnarse el acto administrativo concreto que se estima lesivo a los derechos de cada uno.  La Sala tutela las violaciones a los derechos fundamentales que provengan de un acto u omisión concreto, por esa razón, los menoscabos a los principios constitucionales, que parecieran alegarse, no pueden entrar a analizarse tal y como están formulados, pues ello implica que la Sala tendría que ejercer un control en abstracto, que resulta contrario a toda lógica jurídica, pues este Tribunal no conoce con exactitud qué actos u omisiones motivan la interposición del recurso, a quiénes específicamente se les ha aplicado y cuáles autoridades recurridas o sujetos de derecho privado son las responsables de ello (en el mismo sentido ver sentencia número 08202-99 de las diez horas treinta y seis minutos del veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y nueve). 

Año: 2010

Servicio de agua. Suspensión del servicio por falta de pago.

El recurrente estimó transgredido su derecho a la salud y el de los amparados, pues, en su criterio, por causas imputables, única y exclusivamente, a la Alcaldía Municipal de Barva de Heredia, se dejó a los amparados sin agua potable. La Sala ha indicado que el suministro de agua potable no es gratuito, y que quienes disfrutan del mismo están obligados a satisfacer el costo del servicio. En caso que el interesado no satisfaga el costo, la Corporación Municipal administradora correspondiente tiene la posibilidad de suspender el suministro, siempre y cuando exista a disposición de las personas una fuente pública ubicada a una distancia razonable. En este caso, la suspensión del suministro de agua potable que se reclama, se deriva de la falta de pago del servicio del propietario.

Año: 2011

En un proyecto agrícola de Alto y Moderado Impacto Ambiental Potencial, no se requiere la realización de una audiencia pública

El recurrente estimó transgredido el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado pues, en su criterio, de previo al otorgamiento de la viabilidad ambiental del proyecto que desarrolla la empresa Piñas Tropicales GAC, S. A. en la comunidad de Santa Rosa de la Rita de Guápiles, se debió garantizar el principio de participación de la comunidad, celebrando una audiencia pública, la que se echa de menos (libelo de interposición).

La Sala declara sin lugar el recurso ya que el 7 de abril de 2010, Piñas Tropicales GAC, S. A. presentó un proyecto ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental para la evaluación ambiental. Asimismo, consta que en fecha indeterminada, la empresaPiñas Tropicales GAC, S. A. presentó un estudio hidrogeológico, según el cual, el terreno es viable para el desarrollo de ese proyecto y el acuífero existente en la zona califica como de “Baja Vulnerabilidad”, razón por la que se recomienda mantener una distancia mínima sin uso de plaguicida de 256 metros alrededor del pozo. También, consta que por resolución de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, Nº 2526-2010-SETENA de las 8:55 hrs. de 13 de octubre de 2010, se otorgó viabilidad ambiental al proyecto “Finca Piñera Santa Rosa” presentado por Piñas Tropicales GAC, S. A., pues la información presentada junto con los estudios técnicos elaborados demostraron que la actividad a desarrollar era factible tomando en consideración las recomendaciones formuladas. En un proyecto agrícola como el que pretende desarrollar esa sociedad, de Alto y Moderado Impacto Ambiental Potencial, no se requiere la realización de una audiencia pública. Como se puede apreciar con meridiana claridad, existe una discusión sobre la procedencia de esa diligencia, conforme al ordenamiento infra-constitucional. En este sentido, no es a este Tribunal Constitucional al que le corresponde determinar si debe o no realizarse la audiencia pública reclamada. Bajo esta inteligencia, descarta la Sala que se haya producido el agravio reclamado. Como corolario de lo expuesto, se impone declarar sin lugar el recurso.

Año: 2011

Hacienda Ojo de Agua. Contaminación. Morosidad judicial

Señalan y manifiestan los recurrentes que desde el dos de octubre de dos mil siete se tramita en la Sala Constitucional el expediente número 07-013151-0007-CO, en cuyo escrito de interposición se acusó las lesiones a los artículos números 11, 21, 50 y 89 de la Constitución Política ocasionadas por la empresa Hacienda Ojo de Agua S.A., la cual explota una plantación de piña ubicada en el Distrito El Cairo de Siquirres y que al aparecer se ha ido expandiendo sin contar con los respectivos permisos y estudios de impacto ambiental, con el agravante que la misma se ubica sobre el manto acuífero que da origen a la naciente que nutre al acueducto del distrito anteriormente mencionado, al igual que el de Luisiana, utilizando productos químicos y agrotóxicos.

La Sala concluye que no se ha producido la alegada lesión al derecho a la justicia pronta y cumplida. Si bien desde el primero de octubre de dos mil siete se interpuso ante esta Sala el recurso de amparo tramitado bajo el número de expediente 07-013151-0007-CO, lo cierto es que desde entonces se ha dado al mismo el trámite que merece.

Año: 2012

Derecho fundamental de acceso al agua potable.

Las recurrentes acusan que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados les ha señalado que deben asumir el costo de la instalación de la respectiva tubería, a efectos de poder tener acceso al agua potable. Estiman que con ello se infringe sus derechos fundamentales.

La Sala rechaza el recurso, indicando que resulta razonable que   en el lugar donde no exista dicha red de distribución de agua potable y se necesite la construcción de infraestructura, el interesado colabore con el levantamiento de tal imposibilidad técnica y asuma los costos  de instalación

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