banner3

Criterios Emitidos por Instituciones

Año: 2008

Deber de protección de los mantos acuíferos

Alega el recurrente que el Poder Judicial promueve la construcción del edificio de Tribunales del Caribe Norte, ubicándolo en Guápiles para lo cual compró un inmueble que se encuentra a una distancia considerable del centro de la ciudad dificultándose su acceso. Además, al estar al costado sur de la carretera Braulio Carrillo implica un grave riesgo a la vida y la salud de los usuarios. Asimismo, consideran que se encuentra muy cerca de los mantos acuíferos de Pococí, situación que no fue analizada a la hora de la adjudicación de la respectiva licitación, y que para el caso la SETENA le ha solicitado a la Corte una declaración jurada de compromiso ambiental, sin haberse realizado una inspección ni el estudio de impacto ambiental, violentándose con ello el artículo 50 constitucional. Se declara con lugar el recurso. Se le ordena al Presidente de la Corte Suprema de Justicia que, de manera inmediata, disponga lo necesario para construir en el edificio de los Tribunales del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica (Guápiles), una planta de tratamiento con descarga a un cauce de agua superficial y, en consecuencia, se abstenga de construir dicha planta con pozos o campos de infiltración. Se le ordena a la Ministra y al Director Ejecutivo del Consejo de Seguridad Vial, ambos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes que giren las órdenes necesarias y tomen las medidas pertinentes que estén dentro del ámbito de su competencia a fin de construir un puente peatonal para acceder al edificio de los Tribunales del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica (Guápiles) y ejecutar las medidas de señalización y seguridad vial que sean pertinentes. 

Año: 2009

Principio preventivo en materia ambiental sobre la protección brindada por el Estado al recurso hídrico

La Sala Constitucional declara inconstitucional el intento, por medio del artículo 14 del Decreto No. 32734-MINAE-S-MOPT- MAG-MEIC, de eliminar el requisito de evaluación de impacto ambiental los aprovechamientos (concesiones) de aguas superficiales y subterráneas que no forman parte de un proyecto, actividad u obra. Esta Sala estima que la derogatoria que se llevó a cabo deviene, a todas luces, en inconstitucional, dado que, se excluye, con respecto a los aprovechamientos (concesiones) de aguas superficiales y subterráneas que no forman parte de un proyecto -sin justificación técnica alguna y, en contravención de lo dispuesto en el artículo 50 constitucional-, cualquier ponderación de los efectos acumulativos en el ambiente y en el cauce o cuerpo de agua (suma de impactos individuales que producen diferentes actividades presentes o futuras predecibles), corrección del impacto ambiental de un uso especial, la prevención, mitigación, compensación, restauración y recuperación por daños ambientales o impactos ambientales no controlados del uso particular, fiscalización o monitoreos ambientales, etc..  En la especie, la derogatoria incorporada a través del Decreto No. 32734-MINAE-S-MOPT-MAG- MEIC, resulta irrazonable y quebranta, flagrantemente, el derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como el principio preventivo en materia ambiental, por cuanto, deja al margen del ordenamiento jurídico, la protección que, originalmente, era brindada por el Estado, concretamente, por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, al recurso hídrico, sea, a aquellas aguas superficiales y subterráneas dadas en concesión y que no forman parte de un proyecto, actividad u obra.

Año: 2010

El acceso al agua potable está inescindiblemente unido al derecho a la vida y a la salud

Año: 2010

Violación al derecho de obtener justicia pronta y cumplida por la actuación tardía de las instituciones gubernamentales

Se interpuso denuncia sobre la siembra de cientos de hectáreas de piña, en Berlín de Los Chiles. En ese momento, se expuso que las piñeras han destruido paulatinamente bosques y humedales, sin que ni siquiera contaran con los permisos de ley. Contra el Estado (MINSA y TAA) y las empresas piñeras The Jimmy House S.A. Swiss Tropical Fruit S.A. y Agrovicces S.A,

La Sala declara a favor el amparo indicando que las actuaciones del Tribunal Ambiental Administrativo han sido tardías en el trámite de la denuncia en cuestión, ocasionando una violación al derecho de obtener justicia pronta y cumplida, a su vez dado que las actuaciones del Ministerio de Salud fueron omisas en cuanto a tomar de forma eficiente las medidas correctivas para proceder contra las empresas que operan actividades piñeras que pueden dañar al ambiente; y dado que las empresas en cuestión operaron actividades piñeras sin contar con los permisos respectivos, violando con ello el derecho a gozar de un ambiente sano y el derecho a la salud

Se ordena a las instituciones a actuar y a paralizar las actividades relacionadas con la piña que no cuenten con los respectivos permisos, y en todo caso, a realizar dichas actividades en respeto del derecho a gozar de un ambiente sano y el derecho a la salud de los vecinos de la zona. 

Año: 2010

No le compete a esta Sala revisar si lo dispuesto por las autoridades recurridas se ajusta o no a la normativa legal vigente, labor propia de la vía común (administrativa o jurisdiccional): caso de la mosca Stomoxys Calcitrans.

El recurrente acude en amparo en su condición personal y en defensa de los intereses difusos de los ciudadanos vecinos de las comunidades aledañas a las plantaciones de piña de interés comercial en nuestro país, porque a su juicio las autoridades recurridas oficializaron -en detrimento del ambiente- un manejo indebido para erradicar el cultivo poscosecha de rastrojo de piña, y así combatir la mosca Stomoxys Calcitrans.

 El amparo resulta inadmisible, como en efecto se declara, ya que el recurrente  no discute -o al menos así se desprende de lo planteado- sobre la ausencia de políticas que tiendan a prevenir un eventual daño ambiental, sino, la discusión se centra en la oportunidad, legalidad y conveniencia de las medidas adoptadas por las autoridades recurridas, lo cual, indefectiblemente escapa a la competencia legal y constitucionalmente otorgada a esta Sala. En este contexto, no le compete a esta Sala revisar si lo dispuesto por las autoridades recurridas se ajusta o no a la normativa legal vigente, labor propia de la vía común (administrativa o jurisdiccional). Por ello, deberá la parte recurrente plantear su inconformidad o reclamo ante la autoridad recurrida o en la vía jurisdiccional competente, vías en las cuales podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones. Por lo expuesto, de conformidad al preceptuado en el artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el amparo resulta inadmisible, como en efecto se declara.

Cedarena 2014

logo blanco

REDES SOCIALES

CONTACTO

Apartado 134-2050, Costa Rica

Cedarena: + 506 2283 7080

Xinia Briceño: 6196 2024 - 2760 0806

Asada milano y Erlinda Quesada: 8871 8740